La legisladora y docente, Laura Velasco, participó hoy junto a la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH) de la audiencia judicial convocada por la jueza Romina Tesone, por ser quien encabeza uno de los amparos presentados en contra de la resolución del Gobierno porteño que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
“Quedo muy claro que la postura del Ministerio de Educación es la de prohibición de alguna de las formas del lenguaje inclusivo como la X, la E ó el arroba, que son aquellas que permiten nombrar a las personas no binarias. Ante la consulta del Ministerio Público Tutelar y de la jueza, los funcionarios de la cartera educativa reconocieron que en el caso de les docentes la restricción no sólo rige durante los momentos de clase sino desde que ingresan al ámbito escolar; y les estudiantes serán evaluadxs en sus escritos y presentaciones, en lo que desde el Ejecutivo porteño llaman ‘el correcto uso del lenguaje’. Esto representa una grave exclusión en la educación pública”, manifestó al término de la audiencia la diputada porteña, quien integra las comisiones de Educación y Mujeres, Géneros y Diversidad en la Legislatura.
Además Velasco, quien es profesora en Letras, se refirió a las guías presentadas por el Ministerio que encabeza Soledad Acuña: “Decimos que son incompletas porque si bien aportan elementos valiosos para el uso del lenguaje inclusivo, debieran agregar algunas de las modalidades como la X, la E ó el @, que expresamente esta resolución prohíbe. Porque hay casos donde no alcanza con referirse a través de colectivos como ‘infancias’, ‘niñez’ ó ‘niñeces’; hay usos del lenguaje, por ejemplo en los adjetivos o los artículos, en los que si no utilizamos la X, la E ó el arroba volvemos a caer en las formas binarias as, os, a, o”. Esto es coincidente con lo que la propia Diana Maffía, quien participó en su doble rol de directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y de coordinadora académica del equipo que elaboró las guías, explicó durante la audiencia.
“Esta medida no sólo es contraria a la Constitución Nacional, sino también a la de la Ciudad que plantea la perspectiva de género. También va en contra de las leyes de ESI – a 15 años de su sanción-, de la de Identidad de Género y de la que hoy permite en nuestro país el DNI no binario. Y nos obliga a estar alertas porque en la resolución la Soledad Acuña dice que algunas de estas expresiones podrían ser espejo de una ideología, lo que nos lleva a pensar en esa expresión ‘ideología de género’, en una bolsonarización de la política en contra de pensar una Ciudad y una Argentina más inclusivas”, aseguró la legisladora.
“No existe aval académico ni científico que diga que la circulación en las escuelas del lenguaje inclusivo perjudique el aprendizaje de la lectoescritura ni las practicas del lenguaje. Si las evaluaciones salieron mal, Acuña debería preguntarse por qué se redujo en 12 puntos porcentuales el presupuesto educativo, por qué tenemos escuelas sin gas en la ciudad más rica del país, por qué transitamos la pandemia sin computadoras ni conectividad en los barrios populares y por qué faltan decenas de miles de vacantes”, aseguró Velasco, y completó: “En definitiva, por qué no están dadas las condiciones para enseñar y aprender en la Ciudad de Buenos Aires. Y allí encontrar la respuesta a una gestión educativa de la que ella es responsable y debería estar haciéndose cargo, en lugar de plantear esta prohibición profundamente antidemocrática y autoritaria en una sociedad que necesita seguir incluyendo, porque continúa teniendo un femicidio por día y reproduciendo enormes desigualdades de género”.<<
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