Desde Colombia y como parte de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, la legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Laura Velasco, habló del trabajo que están realizando y de la fuerte convicción del pueblo colombiano de seguir defendiendo sus derechos, a pesar de la brutal represión ordenada por el gobierno Iván Duque: “A un mes de comenzado el Paro Nacional, la movilización popular sigue siendo muy alta. Hay una decisión del pueblo colombiano de seguir reclamando por sus derechos”. Además, confirmó la llegada en los próximos días a Colombia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El gobierno colombiano está respondiendo a la demanda social con un tratamiento de guerra con armamento y ataques directos al cuerpo de los y las manifestantes. Desde la delegación estamos tomando todas las denuncias con mucho compromiso: hablamos de más de 50 personas asesinadas y más de 500 desaparecidas, 1500 heridos, 27 mujeres violadas y otras 87 violentadas en alguna forma”, aseguró Velasco, quien se encuentra en la ciudad de Popayán junto a otros miembros de la Misión argentina donde se reunieron, entre otros, con la abogada de Emili y Alison, dos menores abusadas sexualmente en una detención policial; la familia de Sebastián Quintero Munera, el joven asesinado por una aturdidora; la lideresa indígena Daniela Soto, herida en un ataque armado; y con la mesa local de Organizaciones por los DD.HH.
“El objetivo es llevar todas estas voces al plano internacional. Queremos que este informe llegue a los organismos internacionales de derechos humanos y de alguna manera sea una presión política sobre el gobierno de Duque para que cese la represión y escuche las demandas del pueblo”, explicó la referente política.
También se refirió a la urgente necesidad de dar marcha atrás con la reforma tributaria regresiva y la privatización de la salud que desataron el Paro Nacional del 28 de abril, y de llevar adelante reformas estructurales que son parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016. “En estos cinco años no sólo no se avanzó con la distribución de tierras y los programas integrales de desarrollo, sino que fueron asesinados casi 300 líderes políticos y unos 2000 líderes sociales”, advirtió.
La delegación argentina está conformada por 21 representantes de distintas organizaciones sociales, populares y de derechos humanos, que se encuentran recorriendo varias ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Popayán, y hablando con los distintos sectores que sostienen la inmensa movilización popular que desde el 28 de abril se lleva adelante en Colombia, como poblaciones indígenas, del campesinado, gremios de trabajadores, organizaciones de mujeres y LGBTTIQ+, y con jóvenes que participan en las barriadas populares, quienes aparecen como el sujeto emergente más destacado de esta crisis social.
“Lo que se vive en Colombia es una situación de estallido, de crisis de una sociedad muy golpeada por la violencia, que hace décadas está totalmente naturalizada, y donde el narcotráfico cumple un rol muy complejo que se articula con la corrupción política y con sectores paramilitares y civiles que tienen vínculos con las fuerzas armadas nacionales”, aseguró la legisladora, y completó: “Pero a la vez hay algo sumamente esperanzador, porque muchos jóvenes que estaban sin un futuro, los ‘pelados’ y las ‘peladas’ como les dicen acá, son quienes hoy aparecen muy movilizados y decididos a seguir sosteniendo las demandas para que el gobierno dé respuesta al sueño que tienen de derechos y de un futuro para toda la sociedad colombiana”. <<
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