PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Artículo 1º.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, y en un plazo no mayor a 30 (treinta) días de recibida la presente, informe acerca de los siguientes puntos vinculados al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la cuenca Matanza-Riachuelo:
- Informe sobre la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo – UPE ACUMAR, desde 2013 hasta la fecha. Indique:
- Si hubo discontinuidad o disolución de la UPE ACUMAR. Indique fecha, tipos y motivos.
- Si hubo cambios en su estructura y funciones. Indique fechas y motivos.
- Si hubo reasignaciones, traspaso de actividades o funciones desarrolladas en el marco de la UPE-ACUMAR, hacia otros programas o dependencias públicas. Indique según fecha y tipo de función y actividad.
- Informe el presupuesto asignado y ejecutado desde 2009 hasta la actualidad. Indique según año, programas, unidades ejecutoras y actividades presupuestadas y ejecutadas.
- Informe si hubo asignaciones presupuestarias que no correspondían al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) desde 2009 a la actualidad. Indique cuales y motivos.
- Informe sobre las articulaciones que se llevan adelante desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y los diferentes municipios que integran la Cuenca Matanza-Riachuelo.
- Informe sobre las relocalizaciones de las familias y viviendas para el saneamiento de la cuenca desde 2009 hasta la actualidad. Indique según cantidad de familias relocalizadas, cantidad no relocalizadas, lugares de relocalización y si cuentan con servicios de gas, agua y electricidad. Especifique si lo hubiera, planificación de obras públicas pendientes al respecto, con plazos de ejecución.
- Informe sobre las evaluaciones toxicológicas realizadas y las mediciones en sangre de plomo y otros elementos, a las familias situadas en la cuenca Matanza Riachuelo desde 2009 hasta la actualidad. Indique según año, mes, cantidad de personas evaluadas, tipo de medición y resultados.
- Informe sobre las acciones y planes para control industrial y empadronamiento de industrias y establecimientos ubicados en la cuenca Matanza Riachuelo desde 2009 hasta la actualidad. Indique según año y tipo de acciones para cada tipo de industria.
- Informe sobre las acciones y planes para la restauración ecológica de la Cuenca Matanza –Riachuelo, desde 2009 hasta la actualidad. Indique según año, tipo de acciones planificadas y ejecutadas, y resultados.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Hemos tomado conocimiento sobre posibles irregularidades y disoluciones de funciones en el marco de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo – UPE ACUMAR. También sobre retrasos o problemáticas relacionadas a las relocalizaciones de familias en la cuenca, las industrias localizadas y los planes de saneamiento y restauración ecológica de la cuenca, entre otros.
Según el informe ejecutivo elevado por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires del proyecto con código 12.20.02, denominado ‘’Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del GCBA- 2º Semestre del 2019’’, se observan algunas irregularidades en torno a las partidas presupuestarias destinadas al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), creado a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c/Estado Nacional y ots. s/Daños y Perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo”.
Se verifican distintas asignaciones presupuestarias que no corresponden al PISA, falta de constatación de evaluaciones toxicológicas por parte del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, retrasos de ejecución de viviendas para cumplir con las entregas del plan de urbanización previsto para relocalizar a los vecinos y vecinas que se encuentran viviendo en áreas contaminadas. Incumplimiento de la Ley Nº 3947 y modificatorias, artículo 4º inc. 9, dado que el Poder Ejecutivo aún no ha realizado en CABA el empadronamiento de las empresas y establecimientos radicados en la Cuenca (detallando el domicilio, la actividad, modo de producción, cantidad de empleados, forma de tratamiento y eliminación de los residuos).
El Programa Presupuestario N° 102 denominado “Acciones para la restauración ecológica” presenta un bajo nivel de relación entre las acciones y objetivos descriptos para el mismo en el Presupuesto aprobado y las acciones y componentes indicadas en los Manuales de Información y Control Presupuestario e Inversiones (PISA) para la Línea de Acción N° 11 denominada “Contaminación Industrial”
Dicho informe concluye que
‘’La Sentencia dictada el 08/07/2008 por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) continúa su ejecución a más de 12 años con el objetivo de revertir las innumerables causas que dieron origen al deterioro de la naturaleza y al impacto que esto tuvo en la vida de los habitantes que moran en esta zona ribereña. La resolución judicial le adjudicó a ACUMAR y a todas las jurisdicciones responsables la realización de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los pobladores y restituir las condiciones originales que el daño había generado en la naturaleza.
En el Poder Ejecutivo del GCABA, en 2013, se creó la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) con la finalidad específica de articular y coordinar, desde su rango de subsecretaría dentro del Ministerio de Gobierno, las actividades, acciones y/o proyectos relativos a la Cuenca entre las diversas áreas de gobierno, con ACUMAR, la justicia y las otras jurisdicciones intervinientes en la Causa. Con el cambio de las estructuras del Gobierno, hacia finales de 2019, la UPE fue disuelta y sus funciones quedaron subsumidas en dos áreas, la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas (SSAIYPM) y la Dirección General de Políticas y Estrategias Metropolitanas (DGPEM). Por lo tanto, las cuestiones del Saneamiento del Riachuelo, no sólo perdieron su nombre, sino que quedaron mezcladas con otras problemáticas del Área Metropolitana y la articulación, no ya con 14 municipios pertenecientes a la Cuenca, sino con los 40 municipios que integran el AMBA, dejando de ser el objetivo principal de un área específica del GCBA.
El monto de inversiones realizadas por el GCBA, aprobadas por ACUMAR, en los últimos años fue relativamente estable: en 2017 fue de $1.910.979.2162018; en 2018 fue de $2.146.145.174. Para el 2019, la SSAIYPM presentó a ACUMAR un PISA CABA de $8.499.201.165 de los cuales ACUMAR aprobó $5.277.240.586. A pesar que tanto la DGPEM como ACUMAR manifestaron que habían mantenido los criterios para la confección y aprobación del Plan, se verificó que, se habían incluido acciones no identificadas con el código 60 o el saneamiento que representan el 54,58% de la inversión.
En el año 2017 todas las acciones incluidas en el PISA se encontraban debidamente identificadas en el Presupuesto con el código 60/60000 y en el año 2018 sólo el 3,64% de la inversión no estaba identificada con código PISA. A la luz de las estadísticas, se podría decir que la inversión en el saneamiento del Riachuelo se ha más que duplicado, pero basta analizar las partidas presupuestarias correspondientes a estas acciones aprobadas que no contienen el código 60 para verificar que los mayores montos se corresponden con obras de viviendas que la Ciudad lleva adelante, ya hace algunos años, y que no están relacionadas con las relocalizaciones pendientes de ejecución en la ribera del Riachuelo. Asimismo, con el ingreso de estas obras al PISA con avances consumados, no se ha podido desde esta área controlar sus procesos de contratación y etapas iniciales de obra correspondientes a otros períodos, que no se condicen con lo prescripto en la sentencia sobre el control de la asignación de fondos de la jurisdicción y de la ejecución presupuestaria del Plan. Ahora bien, respecto a las relocalizaciones, cabe destacar que dentro de las prioridades establecidas en la Causa Judicial objeto de auditoria, se encuentran las de acelerar las mismas y los plazos de cumplimiento del Convenio Marco, avanzando en la liberación del Camino de Sirga a la altura de las villas 21-24 y 26, dado que a más de 10 años del compromiso contraído, la jurisdicción no ha dado cumplimiento total a la manda. Esto se evidencia con los datos aportados por el IVC que informa que, tomando como base el Convenio Marco (2.527 familias), todavía se encuentran pendientes de relocalización 1.029 familias. Si se toma como referencia el Censo realizado por el IVC (2.217), faltan relocalizar 719 familias.
En cuanto a la cantidad de viviendas, se han entregado 1.270 soluciones habitacionales y faltan entregar 1.151 viviendas. Los plazos comprometidos se encuentran vencidos. El objetivo no debería ser, simplemente, mostrar un mayor monto de inversión en el PISA incorporando obras y servicios que no están relacionados con las prioridades del saneamiento de la Cuenca, mientras se siguen retrasando las obras de relocalización de las personas que siguen viviendo en ambientes altamente contaminados. El objetivo, debería ser, concentrar los recursos para cumplir con la planificación y los tiempos de las contrataciones realizadas de manera de optimizar los fondos disponibles en el Presupuesto para el saneamiento.
Con relación al control industrial, la Legislatura de CABA, mediante la Ley 3947, instruyó al Poder Ejecutivo para que en forma coordinada con ACUMAR, empadronara a todos los establecimientos y empresas radicados en el ámbito de la Cuenca, detallando el domicilio, la actividad, modo de producción, cantidad de empleados, forma de tratamiento y eliminación de los residuos, a los efectos de tener más información y mayor control sobre la contaminación de origen industrial. El cumplimiento de esta manda todavía se encuentra pendiente y el Poder Ejecutivo manifiesta que ACUMAR es la que tiene la competencia de empadronar a las empresas. Sería importante que la Ciudad ejerciera su propia facultad de elaborar su base de datos, porque ello emana de la normativa local como una obligación, de carácter “concurrente” en su articulación con la normativa nacional, lo cual conllevaría diversos beneficios significativos. Por último, respecto al Programa Presupuestario N° 102 “Acciones para la Restauración Ecológica”, que fue etiquetado con la Línea de Acción 11 – “Contaminación Ambiental” en el Presupuesto aprobado para el período 2019, se concluye que las acciones y actividades realizadas no presentan vinculación con los componentes referidos a la atención de los daños ambientales producidos por la Contaminación Industrial, explicitados por la ACUMAR en los instrumentos que sirven de referencia para el saneamiento del Riachuelo.
No obstante, la propuesta es instructiva y educativa desde los aspectos de salud, ambiental, estético urbano, en cuestión de conformación de nuevos paisajes en la CABA, social, porque conforma grupos de trabajo local y la recuperación de sitios degradados, el respeto y revaloración de la fauna y flora autóctona – nativa. La APRA cumple el objetivo de educar desde el aspecto ambiental alcanzando razonables niveles de eficacia y eficiencia en el respeto por la fauna y flora autóctona poniéndolo en valor y recuperando la participación ciudadana en talleres de capacitación y de voluntariado que adhieren al cuidado del medio ambiente y su entorno urbano saludable. También, cumple con el objetivo de recomponer el suelo desde la agricultura urbana. Es por ello que, considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012, con el propósito de crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo, se puede concluir que existe una razonable relación entre los principios, objetivos y actividades desarrolladas por la Agencia de Protección Ambiental y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 15.’’
Es por todo esto, que nos preocupa y amerita un pedido de informes exhaustivo a los fines de conocer la trayectoria de políticas públicas en el marco de la elaboración del PISA a los fines de aportar posibles soluciones a las mismas desde el ámbito legislativo.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Comentarios recientes