PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su profunda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan alrededor de cien familias del Barrio Padre Mugica que acampan en el sector “La Containera”. Dichas familias, en su mayoría conformadas por infancias y mujeres que sufrieron violencia de género, no cuentan con vivienda propia ni ingresos suficientes para costear un alquiler.
Asimismo, se solicita que se utilice hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar el derecho a la vivienda de forma efectiva.-
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que se declare la profunda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan alrededor de cien familias del Barrio Padre Mugica. Dichas familias, en su mayoría conformadas por infancias y mujeres que sufrieron violencia de género, no cuentan con vivienda propia ni ingresos suficientes para afrontar un alquiler.
Desde el 30 de junio alrededor de cien (100) familias que habitan hace años en el barrio Carlos Mugica, se encuentran acampando en un terreno vacante, que anteriormente era un basural, ubicado en el sector de la Containera del mismo.
Las familias, en su mayoría están conformadas por mujeres que sufrieron violencia de género, razón por la que debieron abandonar sus hogares. Muchas de las mismas cuentan actualmente con medidas de protección o han realizado las denuncias correspondientes.
Asimismo son alrededor de ciento setenta (170) las niñeces expuestas junto a sus madres a la falta de vivienda en invierno, durante la pandemia de COVID. Al hecho de no contar con ingresos suficientes para afrontar un alquiler, se les suma la discriminación de los locatarios por la condición de ser madres solteras a las que consideran incapaces de afrontar el sostén de la familia.
Las familias están reclamando por su derecho a la vivienda y una vida libre de violencia de género, el BAP (Programa Buenos Aires Presente) ha ofrecido solamente un subsidio habitacional de entre seis mil (6.000) y ocho mil (8.000) pesos, lo que es insuficiente para esas familias, dado que un alquiler, dentro y fuera del barrio, supera los veinticinco mil (25.000) pesos. A este contexto de suma desprotección, se agrega la orden de desalojo que acercó la fiscalía 11 el día viernes 16 del corriente.
El derecho a la vivienda se encuentra consagrado en la Constitución Nacional (art.14 bis). Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de rango constitucional, reconoce el derecho a toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda” y estipula que “la maternidad y la infancia tiene derechos a cuidados y asistencia especiales”(art. 25) .
En el ámbito de la Ciudad, la Constitución local reconoce el derecho a la vivienda digna y ordena resolver “progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica” (art. 31).
El derecho a la vivienda no es una mera declaración, sino una norma jurídica operativa con vocación de efectividad, que consagra obligaciones a cargo del GCBA.
En contexto de pandemia las desigualdades sociales se han agudizado, es menester entonces una intervención mayor del Estado para proteger a los grupos más vulnerados, las mujeres y las infancias en situación de pobreza, utilizando hasta el máximo de los recursos disponibles.
Por las razones solicitamos la aprobación de la presente proyecto.-
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