PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia el desalojo perpetrado por la Policía de la Ciudad a las mujeres, niños y niñas sin vivienda que se encontraban en el predio «La Containera» del Barrio Padre Mugica el día 30 de septiembre de 2021.
Asimismo manifiesta la profunda preocupación por la falta de respuesta a la demanda habitacional de las familias de la toma “La Fuerza de las Mujeres”.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El presente proyecto tiene por objeto repudiar el desalojo perpetrado por la Policía de la Ciudad a mujeres, niños y niñas de la toma “La fuerza de las mujeres” que se encontraban ocupando el predio «La Containera» del Barrio Padre Mugica por falta de vivienda. Asimismo resulta de extrema preocupación la falta de una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad que dé una solución a la demanda habitacional de las familias.
Entre los testimonios de las víctimas del desalojo se encuentra el de Leonela que fue entrevistada por el CELS. En dicha entrevista Leonela describió de la siguiente manera los hechos ocurridos, los cuales denotan el total incumplimiento del paradigma de derechos humanos que establece la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: “Hoy a la hora de seis a siete de la mañana me llamaron a mi trabajo mis compañeros acá de la vivienda. Me dijeron: “Leo por favor venite, porque es muy violento este desalojo”. Me sorprendió porque a nadie nos avisaron en ningún momento. Todos saben que yo vivo sola con mis seis hijos. Así que salí corriendo de mi trabajo, sin avisar. Y gracias a Dios vivo acá a dos cuadras así que vine. Mis hijos estaban llorando, descalzos porque estaban por ir a la escuela. Todos los policías armados estaban ahí fuera con armas. Y en el momento que empieza a gritar la gente, las madres con hijos, habían prendido fuego un rancho, que se puede ver ahí todo quemado. Los policías empezaron a gritar a la gente y decir “acá hay garrafas” “todo se va a prender fuego” “saquen a los niños por favor” y empezaron a asustar a la gente (…)
Me metí con mis seis hijos dentro de mi rancho porque yo no tengo donde estar. La verdad, sinceramente no tengo donde estar. Y me metí ahí dentro y me dije, “no puede ser posible, alguien tiene que venir, no puede ser posible que te echen como si fueras un animal, esto no se puede creer”. Y como vieron que era la última que no salía empezaron a rodearme la casa (…) los policías empezaron a patearme mi rancho, a patearme los tirantes. Uno de los policías abrió, rompió una pared de cartón que tenía yo, donde mis hijos estaban sentados al lado de la cama. Los agarraron a cuatro de mis hijos de la espalda y los llevaron a cinco metros de mi rancho y los tenían rodeados más de cincuenta policías armados. Acá están mis hijos que te pueden decir todo. Ella que se sintió amenazada, tiene diecisiete años, agarró un pico con el que nosotros bajamos la tierra. Porque tenía miedo de que le hicieran daño agarró el pico y cuando ella agarró un pico, el policía saca la escopeta y le dice que le va a dar un escopetazo. Y yo gritando a ella que se calme, que se quede quieta, que ellos eran menores, que no los podían tocar.”
El desalojo fue perpetrado a alrededor de cien familias, en su mayoría conformadas por niños, niñas y madres sin vivienda propia, ni posibilidad de acceder a un alquiler, que desde el 30 de junio se encontraban ocupando el sitio de la Containera que anteriormente era un basural.
Las familias estaban viviendo en condiciones sumamente precarias en casillas y ranchos, sin embargo el GCBA nunca les dió una respuesta. En contexto de pandemia las desigualdades sociales se han agudizado, es menester entonces una intervención mayor del Estado con perspectiva de derechos humanos para proteger a los grupos más vulnerados, las mujeres y las infancias en situación de pobreza, utilizando hasta el máximo de los recursos disponibles y no la represión como única respuesta posible.
Resulta de extrema gravedad entonces el hecho de que el GCBA no haya arbitrado ninguna respuesta que impidiera el uso innecesario y absurdo de la violencia institucional, el ingreso de las topadoras al barrio que pisotearon a las 100 mujeres y a los 170 niños y niñas que habitaban las viviendas que destruyeron.
Lo ocurrido configura una gravísima violación a los siguientes derechos fundamentales de los cuales la ciudad debiera ser garante: el derecho a la vida, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la seguridad personal y a no ser objeto de injerencias en la vida privada, el domicilio y la familia (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6.1, art. 7, art. 9.1, art 17); el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a una vivienda adecuada, alimentos, agua y saneamiento, a la salud, a la educación, a trabajar (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11, art 12, art 13, art 6.1, y resoluciones conexas del Consejo de Derechos Humanos) y el interés superior de la niñez (Convención sobre los Derechos del Niño).
Por estas razones solicitamos la aprobación del presente proyecto.
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